El caso que involucra a los padres de las menores contiene una trama demasiado oscura, que podría sindicar el accionar de una red de tráfico de bebés y niños. Ambos progenitores, oriundos de Puerto Vilelas, fueron llamados a declarar ayer por la Fiscalía 5 de Nélida Villalba. Hasta el momento y según reveló a NORTE el comisario mayor Justo Mencia (División Trata de Personas), la autorización para que una comisión policial viaje a Santo Tomé, provincia de Santa Fe, está estancada en la justicia ordinaria. La solicitud de la Policía Provincial significaría llegar al lugar donde fueron llevadas las hermanas Johana y Ana Paula por una pareja santafesina. El caso contiene en sus entrañas una situación de extrema vulnerabilidad de la familia biológica que conforman Sebastián Darío Olivares y Liliana Suárez, una joven pareja de Colonia Tacuarí (El Palmar, Puerto Vilelas), a unos 30 kilómetros de Resistencia. Ambos son padres de ocho niños, incluidas las dos -que aseguran- fueron sustraídas y llevadas a Santa Fe. La pareja fue citada por la Fiscalía 5 para declarar en la causa que los implica en la supuesta venta ilegal de las niñas, pero que todavía no tiene una carátula definida. Ayer, el abogado Aníbal José Hernández tomó conocimiento del caso y, tras informarse de algunos detalles, es posible que se ponga al frente de la defensa. Ultimados los detalles, los cónyuges se presentarán en la sede judicial para prestar testimonio. “Fueron víctimas de una farsa, de un engaño o ardid para sacarles a las hijas”, indicó una fuente cercana a la pareja. Así comentó que sorprende que, estando la policía en conocimiento del paradero de las menores, no realice los trámites pertinentes para la restitución. “Vi cómo entregaban 5.000 pesos” En tanto, Sebastián Olivares, el joven padre de las niñas, aseguró que fueron víctimas de una red que les sustrajo a las dos nenas. Sin embargo, el hombre señala que un expolicía y su mujer fueron los “cabecillas” de una organización aceitada que lo contactó varios meses antes del parto de su mujer y luego, al momento de dar a luz, prepararon todo de tal manera de quedarse con la bebé recién nacida. “Yo vi cómo en el sanatorio donde estaba (internada) mi mujer le entregaban 5.000 pesos a un médico”, afirmó Olivares, un changarín que se gana la vida con trabajos esporádicos. Según surge de su testimonio, hasta habría firmado el pase de escuela de la menor de 11 años para que estudie en Santa Fe y una suerte de “entrega en guarda” de la recién nacida, situación de total ilegalidad. Un dato no menor es que Olivares no sabe leer ni escribir y no está seguro de los papeles que firmó en una dependencia judicial, que tampoco tiene certezas de dónde queda ubicada. “La mujer de Gabino Sánchez me dijo que era prima hermana de la mujer de Santa Fe. Ellos hicieron el contacto con ese matrimonio”, indicó al referirse el destino final que habrían tenido sus hijas. La policía espera autorización Por otra parte, el comisario Mencia confirmó a NORTE que la policía realizó hace varios días el pedido a la justicia para autorizar el viaje de una comisión a Santa Fe. “Necesitamos un exhorto para viajar y traer a las niñas”, precisó. Según surge de la investigación, el padre de las niñas habría firmado el acta de internación de su pareja, pero luego la partida de nacimiento de la bebé habría quedado rubricada por el padre sustituto, previo acuerdo con el biológico. La niña nació el pasado 5 de julio en el Sanatorio Palacio. “En los últimos tiempos se presentan muchos casos de chicos desaparecidos, varios por fuga de hogares”, reveló Mencia finalmente, quien contribuye con la investigación del caso Johana.
Columnista:
Fuente:
