Según estos vecinos el campo fue usurpado por 40 miembros de la Unión Campesina el día 5 de noviembre por la noche. Este campo según el comunicado “es de propiedad familiar, perteneciente a ocho hermanos, que cuenta con título de propiedad privada legítimamente adquirido y proveniente de dos propietarios particulares anteriores, por lo tanto se encuentra en situación legal y fiscal totalmente regular”. Los vecinos aseguran que luego de su adquisición a fines de 2009, la familia propietaria de este campo avanzo en el desarrollo de un plan silvo-pastoril y otras actividades vinculadas, tendientes al mejoramiento del mismo. “Desde entonces y hasta la fecha permitió el pastaje de los animales del vecino del campo, Antonio Torales, en forma gratuita”, indicaron.
Según el relato, después de la usurpación la familia propietaria del campo junto a representantes del Instituto de Colonización se acercó a fin de dialogar y facilitar acuerdos con los ocupantes ilegales durante 5 días consecutivos. “Debido a las altas exigencias, imposibles de cumplir, que imponía la Unión Campesina no fue posible lograr ningún acuerdo. Enterados de que el campo usurpado era de propiedad privada, la mayoría de los aborígenes que habían sido llevados por la Unión Campesina se retiraron voluntariamente, quedando al día de hoy menos de 20 personas”, señalaron.
“Entre los pobladores de la zona crece el miedo y la preocupación por nuevas usurpaciones sobre otros campos de pequeños productores que no tienen título de propiedad regularizado y que incluso se encuentran en limitadas condiciones de mejoras en infraestructura y desarrollo productivo debido a la falta de recursos”, remarcan.
A raíz de la situación de usurpación, los pequeños productores de la zona se movilizaron, manifestando su preocupación a través de una nota dirigida al Gobernador de la Provincia, expresando su repudio a la actitud de la Unión Campesina y deslegitimando las actitudes de “supuesta lucha por los derechos a la tierra de los pueblos aborígenes y pequeños productores a través de la usurpación de campos privados pertenecientes a otras familias de pequeños productores”, describen.
“Consideramos que es momento de reflexionar sobre la responsabilidad y compromiso por la defensa de nuestros derechos como pobladores chaqueños en pos de una real equidad. La lucha por el derecho legítimo de la tierra no debería ser usada como herramienta de presión y extorsión a favor de unos pocos y en perjuicio de muchos pobladores chaqueños”, concluyen.
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