Partidos y organizaciones sociales, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la CTA, expresaron hoy su rechazo a la ley antiterrorista en un acto realizado frente a la Casa Rosada, en el que advirtieron que la normativa es "legalizar la represión de la protesta social".
Por su parte, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que no tomó parte en la marcha, aseguró: "Esta ley de antiterrorismo habría que analizarla un poco más, porque si bien es cierto que con un gobierno constitucional como el de Cristina (Fernández) no hay ningún peligro de condena, sabemos que hay jueces de la dictadura que la pueden aplicar como ellos quieran".
Las columnas de manifestantes estuvieron encabezadas por Nora Cortiñas, Pablo Micheli (CTA), Vilma Ripoll, Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Jorge Altamira (PO), entre otros, quienes marcharon por Avenida de Mayo, desde 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo.
Tras la aprobación por el Congreso de la ley antiterrorista 26.734, promulgada por la presidenta Cristina Fernández, dirigentes políticos de la oposición y el oficialismo se manifestaron hoy respecto a la normativa.
"Claramente le abre la puerta a la persecución de expresiones o manifestaciones opuestas al gobierno kirchnerista", afirmó el senador radical Gerardo Morales, mientras que el titular de la UCR, Mario Barletta, consideró que la norma "desde su formación, viola los principios de legalidad penal".
También el senador nacional por el FAP Jaime Linares dijo que "la ley es confusa y ambigua" y agregó que "deberían estar abiertos al diálogo y reconocer el error porque no sólo el arco opositor rechazó esta ley, sino también organizaciones gubernamentales, organismos sociales e intelectuales de Carta Abierta alineados con el kirchnerismo".
Desde el oficialismo, en tanto, la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, negó que la ley antiterrorismo busque amordazar a la prensa y evaluó que la "oposición ha malinterpretado" los alcances de la norma y "algunas declaraciones desafortunadas" desde el oficialismo "han profundizado ese malentendido".
El titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, fue quien días atrás disparó la polémica al afirmar que la Ley Antiterrorista podría alcanzar a la prensa, lo que luego fue desmentido por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el senador Aníbal Fernández, entre otros referentes kirchneristas.
Bajo las leyendas 'La huelga es un derecho, no es una extorsión' y 'Los terroristas son ellos, abajo el imperialismo', cientos de manifestantes del MST, Proyecto Sur, Partido Obrero, el FAP, la CTA, y organizaciones ambientales y estudiantiles participaron minutos después de las 18 del acto central en Plaza de Mayo en repudio a la normativa promulgada por la Presidenta.
La dirigente del MST, Vilma Ripoll, aseguró que la iniciativa "es en contra de las luchas sociales para judicializar la protesta", mientras que el referente de la CTA Pablo Micheli advirtió que se trata de "la legalización de la protesta social".
"Ahora el Gobierno tiene una ley que le da legalidad para reprimir como lo hizo en Santa Cruz que se reprimió contra los trabajadores", señaló Micheli, uno de los oradores del acto, y anticipó que "seguiremos con otras acciones".
A su vez, la otra oradora fue Cortiñas quien aseguró que "la ley está pensada para que no se hagan protestas porque este no es un país terrorista" y alertó que "nos quieren asustar para que no estemos en ninguna lucha popular".
A través del decreto 265/11 publicado ayer en el Boletín Oficial, la mandataria promulgó la ley 26.734 que significa una modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades que podrían "aterrorizar" a la población.
Uno de los artículos establece el incremento de penas "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". En ese caso, la escala de la pena "se incrementará en el doble del mínimo y el máximo" y aclara la ley que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos se realicen "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", un texto fuertemente reclamado por aliados del kirchnerismo en Diputados.
La norma también establece prisión de entre 5 y 15 años y multas a quien "recolectare o proveyere bienes o dinero" para "financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida" por el anterior artículo que se refiere a la condena a los actos que aterroricen a la población.
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