El kirchnerismo volvió a golpear a los sindicatos al ratificar en el Congreso el decreto que sumó a las obras sociales a la ley de regulación de medicina prepaga, sancionada en mayo del año pasado.
El oficialismo no tuvo mayores inconvenientes para ese trámite. Sumó 10 de los 16 miembros de la Comisión de Trámite Parlamentario y con esa mayoría ratificó cinco decretos presidenciales de los últimos meses.
El debate, celebrado en el Salón Arturo Illía del Senado, tomó vuelo cuando el senador radical Luis Naidenoff recordó que la legislación vigente impedía esa reunión.
Es porque la ley 26.122, que regula el control de los DNU, le otorga al Poder Ejecutivo un plazo de diez días para enviarlos a la bicameral y de no hacerlo, la bicameral tendrá el mismo tiempo para tratarlo. Si no lo hace, la ley dice que los decretos deben debatirse los recintos. "Si avanzan con esto, van a cometer una torpreza", alertó Naidenoff.
Los diputados Diana Conti y Agustín Rossi justificaron el procedimiento en la parlásis del Congreso en el último año que estuvo dominado por la oposición, mientras que su par Luis Cigogna dijo que la bicameral puede actuar en cualquier momento.
Con todos esos plazos vencidos, el Gobierno pareció querer evitar más exposición del Congreso, donde tiene mayoría clara, y apuró la sesión de la bicameral para validar de una vez los decretos. El de las obras sociales fue el que menos discusión específica tuvo: la UCR, única fuerza opositora presente, centró su rechazo en las formalidades.
Sin embargo, el decreto 1991 fue uno de los últimos puñales que el Gobierno le clavó a los sindicatos. Se trató nada menos que la incorporación de las obras sociales a la ley destinada a controlar a la medicina prepaga, que para los exponentes de este sector significaba el final de este servicio.
El texto discutido en el Senado en noviembre de 2009 incorporó en el artículo inicial una aclaración de que estarían excluidas del control “las obras sociales sindicales”, para dejar constatado que no formaban parte de ninguna de las denominaciones otorgadas a las empresas de medicina.
Pero Cristina desechó ese privilegio y englobó a todo el sistema de salud en la regulación, que las obligará a pasar por exhaustivo control de cada una de sus operaciones. Fue uno de los últimos golpes de Cristina a los sindicatos antes del acto de Huracán, en el que Hugo Moyano rompió definitivamente su relación con el Gobierno.
En los considerandos del decreto, firmado por la presidenta y todo su Gabinete, justifican este cambio en que existen “una gran cantidad de obras sociales” que “comercializan planes de salud de adhesión voluntaria y planes superadores o complementarios por mayores servicios, debiendo equipararse tal situación a la del resto de los agentes del seguro de salud comprendidos en la primera parte del artículo 1 de la ley 26.682”,
Estos agentes, según la ley, son “las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios”. Y las obras sociales no están excluidas.
Más decretos
Con el diputado Jorge Landau cargo de la presidencia de la bicameral, que hoy reeligió autoridades, el kirchnerismo también ratificó a destiempo otros decretos presidenciales, como el del nuevo organigrama y el que limita las tasas de los créditos otorgados por mutuales y cooperativas a jubilados al 5% adicional del Banco Nación.
Según el decreto, el control de estos créditos quedará en manos de la Anses. “Hubiéramos apoyado una ley así, no sé porque no la incluyeron en el último paquete de leyes que se discutieron en extraordinarias. Es como si quisieran atropellar”, se indignó el diputado radical Juan Tunessi, vicepresidente de la bicameral.
Recordó, además, que la Anses tiene en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, creado con lo acumulado tras el cierre de las AFJP, dinero de los jubilados que utiliza a su gusto. “Con ese fondo no se presta plata, sí se colocan plazos fijos para conservar su valor”, aclaró el senador Miguel Pichetto.
La discusión sobre la ampliación presupuestaria fue la única que excedió largamente las cuestiones reglamentarias, porque la UCR rechazó el procedimiento de reasignar excedentes a gusto. “No lo hicieron sólo cuando no tenían presupuesto, lo vienen haciendo hace mucho”, recordó Tunessi.
Uno de estos decretos refuerza el gasto del Poder Legislativo y el de varios ministerios y el otro es el más polémico: le permite a la presidenta reconsiderar las remuneraciones extraordinarias de los organismos del Ejecutivo nacional, motivo de alerta para los gremios. “No se va alterar ningún acuerdo paritario”, se defendió Pichetto.
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