La Gendarmería Nacional reconoció la existencia de una base de datos denominada en la jerga interna "Project X" ("Proyecto X"), en el marco de una medida preliminar pedida por el fiscal Gerardo Pollicita al juez Norberto Oyarbide en relación a una denuncia de organismos defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, Gendarmería no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales.
La agencia DyN se comunicó con el ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré para conocer su postura frente a la denuncia que realizaron dirigentes de organizaciones sociales, pero desde la dependencia dijeron que "por ahora" no iba a hablar ningún funcionario sobre el tema.
La polémica envuelve especialmente a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, no sólo porque esa fuerza está bajo su órbito, sino porque además siempre la utiliza como "modelo". Fue la Gendarmería la que se trasladó a las zonas más calientes del conurbanos y del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Garré suele apoyar su política de seguridad democrática, que impulsa la recuperación de la conducción política y civil de las fuerza, en la Gendarmería, en contraposición a las múltiples denuncias que realiza en la Policía Federal -también bajo su mando- y de la bonaerense -conducida por un enemigo del kirchnerismo, Ricardo Casal-.
El canal Todo Noticias exhibió anoche imágenes de cámaras ocultas sobre infiltraciones de Gendarmería para hacer inteligencia en protestas gremiales y cortes de ruta, lo que gatilló la denuncia en relación a que el "Proyecto X" estaría destinado a espiar a trabajadores y dirigentes sociales.
Fuentes judiciales dijeron a DyN que la declaración de la Gendarmería del 22 de diciembre, firmada por su titular, Héctor Schenone, no tiene carácter "ni de testimonial, ni de indagatoria", ya que sólo se trató de una "medida para mejor proveer pedida por el fiscal y ordenada por el juez".
La nota enviada por Schenone agrega, como Anexo III, "copia del procedimiento operativo normalizado (PON) del Manual de Guía del programa principal 'Project X' (sic) de Gendarmería Nacional".
En el escrito se dice que las acciones emprendidas por la fuerza apuntan a "auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos -comunicaciones telefónicas, lugares, personas, períodos de tiempo, etc.- a los fines de una mejor investigación criminal judicial".
Oyarbide había solicitado informes a la Gendarmería sobre el contenido de la denuncia presentada por Darío Javier Hermosilla y Nidia Lorena Gentile, delegados de Kraft; Leonardo Norniella, delegado de Pepsico Snacks y organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
"Venimos a denunciar que en diversas manifestaciones y reclamos gremiales y sociales se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional Argentina… solicitamos se investigue la responsabilidad de los máximos oficiales de la Gendarmería dado que lo que aquí se denuncia es una práctica que aparece como institucional", sostiene la denuncia, radicada en el juzgado federal número siete, subrogado por el juez Oyarbide.
Fuentes judiciales explicaron que la denuncia que tramita Oyarbide se nutre, como fuente de prueba, de causas judiciales radicadas en la justicia federal de San Isidro y San Martín.
Allí aparecen nombres de dirigentes gremiales procesados por jueces locales que son los mismos que están mencionados en la denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py 2002.
"La investigación está en una etapa preliminar, apenas comenzando", refirieron las fuentes consultadas por esta Agencia.
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