Los cadáveres decapitados de 27 trabajadores agrícolas fueron encontrados el domingo 22 de mayo en una finca del departamento de Petén, una región selvática fronteriza con México, donde los narcos mexicanos de Los Zetas operan.
El ministro del Interior, Carlos Menocal, quien atribuyó la masacre a dicho cártel, dijo este lunes que los sicarios buscaban al dueño de la finca aparentemente para eliminarlo.
Los Zetas, según reconocen las autoridades, se asentaron en Guatemala desde 2008 luego de que el Gobierno mexicano emprendiera una lucha frontal en contra del narcotráfico en ese país.
El grupo controla el 75% del territorio guatemalteco y se estima que coloca cada año entre 250 a 300 toneladas de cocaína.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decretó el pasado lunes en la región de Peten un estado de sitio con el fin de dar con los responsables de la matanza, la peor que cometen en este país los cárteles del narcotráfico.
A pesar de estos esfuerzos, según, Carmen Aída Ibarra, de la ONG Pro-Justicia, la investigación “no llegará a nada” ya que hay una "ausencia deliberada de información y trabajo de inteligencia civil y militar” para beneficiar a estos grupos narcotraficantes.
Por su parte, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), publicó un documento la semana pasada haciendo foco en el problema de la corrupción y afirmando que el país está gobernado por “dos redes criminales locales, que tratan de resistir la invasión de Los Zetas, que ya se ha hecho con la zona norte del país”.
Columnista:
Fuente:
